¿Qué dice el informe “La Hora de la Escuela”?

 

1. La dinámica reivindicativa

… El asunto es simple, creo. Una parte considerable del profesorado (no importa cuánta, pero demasiada) ha mezclado sus intereses laborales, fáciles de comprender pero difíciles de compartir, con su autoridad profesional, necesaria y seguramente merecida, pero que no debería haber sido empleada en esto…” (p.115)

“Sin duda la mayor desdicha y la principal fuente de problemas de este proceso ha sido la mezcla de un problema propiamente educativo, las ventajas y desventajas de los distintos tipos de jornada, con una aspiración laboral ampliamente extendida en la profesión docente. En el peor de los casos, unos padres con buenos motivos extraescolares para cambiar la jornada son asesorados por un grupo profesional que tiene y manifiesta —en su mayoría— un interés propio en que así sea pero tiende a sublimarlo en forma de argumento pedagógico-social. En el mejor, se separan nominalmente ambas cuestiones pero sobre la base de que se trata, por parte de los profesores, de una legítima aspiración, una legítima reivindicación o un legítimo derecho como trabajadores…” (p.93-94)

“No correspondía al objeto de este informe debatir las reivindicaciones laborales de los maestros, que deben tener y tienen otro escenario de discusión y negociación, en principio exclusivamente entre ellos y sus empleadores, pero en nuestras entrevistas nos hemos encontrado una y otra vez con la afirmación contundente de que sus condiciones de trabajo son malas o que sus reivindicaciones al respecto son sobradamente legítimas, lo cual debería obligar a atenderlas aun cuando pudieran tener un efecto negativo sobre el servicio público de la educación, en cuyo caso correspondería a la Administración poner más medios, contratar más personal, etc. En el fondo, esto es lo que late tras la repetida afirmación, impecable en sí misma pero oportunista en el contexto, de que una cosa es la jornada del alumno y otra la jornada del maestro (por eso ha sido tan aceptada, con independencia de su sentido inicial: habent sua fata libelli). Traducida al cristiano, viene a decir: tenemos derecho a la jornada continuada (porque nuestra jornada es agotadora, porque otros funcionarios la tienen, porque sí o por lo que sea), pero, si ustedes creen que los niños deben tener jornada partida, contraten más profesores (profesores de tarde, dicen algunos), que nosotros no nos opondremos…” (p.117)

“El problema de fondo, a mi juicio, es que, como colectivo, el profesorado y sus organizaciones han construido un discurso en el que singularizan, señalan y demonizan a la propiedad y la autoridad, al Estado y al mercado, a los jefes y a los empresarios, como poseedores de poder y defensores de intereses propios y egoístas, pero no se añaden ellos mismos como profesión, como detentadores de una cualificación exclusiva y excluyente ni como portadores de un poder delegado por el Estado, sino que se representan a sí mismos como trabajadores explotados y oprimidos pero con el mérito añadido de incorporar como patrimonio distintivo el saber y de hacer posible con su labor que la población acceda a la educación (por eso, además de salarios y horarios, y de autonomía, reclaman siempre la dignificación). Esto conduce a una visión angelical de sí mismos como colectivo cuyos intereses son siempre altruistas, coincidentes con los intereses universales y muy especialmente con los de los desamparados, de manera que cualquier cosa que pidan siempre será justa. Es el viejo problema de la paja y la viga, y, así, es difícil cualquier debate…” (p.118-119)

“Es fácil distinguir una aspiración, de una reivindicación o un derecho. Vivir sin trabajar, por ejemplo, es una aspiración, pero no suele ser planteado como reivindicación ni considerado un derecho. La matrícula universitaria gratuita, el salario para las amas de casa o la jubilación a los veinticinco años de servicio con el salario real completo han sido y son en muchos casos reivindicaciones, conseguidas o no, pero, excepto quienes las reivindicaban y sus más próximos allegados y beneficiarios, nadie más habría dicho que eran un derecho. El acceso básico a la educación, la atención sanitaria común o la asistencia económica en caso de incapacidad pueden considerarse, en cambio, derechos (sociales) en nuestro entorno. Más difícil resulta averiguar qué quiere decir el adjetivo legítimo. Desde luego, si sólo se quiere decir que no es delito pedir, todo es legítimo —salvo que suponga la inducción al crimen, etc.—. Si, con independencia de esto, se quiere decir que algo es comprensible, o sea, que comprendemos que quien lo pide lo hace porque va en su interés (por eso se  habla asimismo de los legítimos intereses), entonces también es legítimo casi todo, ya que no hace falta ser un vidente para saber por qué la mayoría de las personas y grupos reclaman la mayoría de las cosas que reclaman, ni para aceptar que, en su lugar, tal vez —sólo tal vez— hiciésemos lo mismo. Ahora bien, si legítimo significa que los demás deberían hacer un esfuerzo, aunque sólo fuera dentro de ciertos límites, para satisfacer el interés del legitimado, entonces está por  demostrar y corresponde al reclamante la carga de la prueba…” (p.94)

“De hecho, como más allá de los mínimos básicos para una vida digna no hay forma de establecer un nivel absoluto al que debiéramos acceder a cualesquiera bienes escasos (ingresos, prestigio, autonomía, tiempo libre, poder…), lo que cada individuo o grupo hace es compararse con los demás, generalmente con aquéllos que están mejor. Aunque el refrán afirma que las comparaciones con odiosas, la profesión docente parece adorarlas, y sus reivindicaciones van casi siempre envueltas en la dinámica de la homologación, la equiparación y así sucesivamente. Concretamente, la demanda de homologación salarial con los funcionarios de las administraciones públicas, que parece, ésta sí, razonablemente legítima, se extiende no sé sabe cómo a una homologación horaria con no se sabe qué jornada de éstos. A pesar de que, mientras no se demuestre lo contrario, los funcionarios administrativos con dedicación exclusiva tienen que cumplir treinta y siete horas y media, o treinta y cinco (según cuerpos y administraciones), en sus puestos de trabajo, los maestros quieren homologarse a ellos en poder concentrarlas, pero conservando sus propias horas de entrada, sus horas de libre disposición y, por supuesto, sus largas vacaciones y numerosos festivos…” (p.94-95)

“Esta  dinámica de la homologación se extiende también al interior del conjunto de las profesiones docentes. Muy en especial, los maestros se miran en el espejo del profesorado de secundaria y de Universidad, que puede organizar más libremente su tiempo (tiene menos horas fijas de docencia y tutorías). Naturalmente, la reivindicación se presenta como una necesidad de preparación del trabajo de clase, etc., si bien nada demuestra que las horas dejadas a libre disposición sean realmente necesarias para ese uso ni destinadas a él. Por último, se desencadenan igualmente una dinámica y una retórica del agravio entre los propios maestros, pues los centros que no tienen la jornada continua se consideran injustamente discriminados frente a los que sí la tienen (en vez de considerar a éstos injustamente privilegiados, para lo cual existiría el mismo fundamento), a la hora de elegir destino se trata como apestados a los colegios que mantienen la vieja jornada, se declara injusto en general que la Administración exija ciertos requisitos para cambiar de jornada cuando hubo un primer grupo que lo consiguió sin pasar por ellos (los díscolos del primer momento, siempre; pero, a la vez, se reclama que éstos sean considerados aparte, es decir, que no sean sometido al procedimiento general). En definitiva, se manipula, se retuerce y se exprime hasta el hastío la retórica de la igualdad…” (p.95-96)

“El debate ganaría bastante si se partiera de que, aunque la continuidad de la parte de permanencia en el centro de su jornada de trabajo, por parte del profesorado, es una aspiración comprensible, no pasa de ser una reivindicación cuestionable y, sobre todo, de ninguna manera es un derecho. Sobre esa base sustantiva —y sobre algunas otras, procedimentales, que más adelante abordaremos— se trataría de decidir exclusivamente sobre la jornada de los alumnos, sin que en ello debiera pesar en modo alguno ningún presunto derecho de los profesores y sin que pudiera dar lugar a derecho adquirido de ningún tipo…” (p.96)

“No es difícil ponerse en el lugar del profesor y entender y comprender algunos sus motivos laborales a favor de la jornada continua. Pero, más allá o más acá del bien conocido, universal y puramente retórico derecho a la pereza (expresión debida a Paul Lafargue46), sólo hay uno que me parece medianamente razonable: que, cuando el profesor no vive cerca de la escuela —y, en principio, no tiene por qué hacerlo, a pesar de que la mayoría de los maestros lo hacen… o quizá lo hagan por eso—, la interrupción del mediodía es excesivamente larga: dos horas o dos horas y media que, como algunos profesores dicen, que hay que pasar en un bar. Sin embargo, son muchos los colectivos de trabajadores que han de comer fuera de casa y cerca del trabajo, y, aunque les gustaría hacerlo de otro modo, no consideran que sus empresas deban condicionar la producción o el servicio que ofrecen para satisfacer sus deseos. Conviene recordar que el maestro tiene una jornada de treinta y siete horas y media semanales, como el resto de los funcionarios, lo cual le permitiría, en el supuesto anterior, dedicar una hora del mediodía a la comida y hora y media a completar su jornada —si lo prefiere, en vez de en el bar, puede ser en la sala de profesores, en el aula o en las salas de tutorías, pues, aunque no es obligatorio hacerlo en el centro, tampoco está prohibido—. Pretender computar el tiempo de la comida para afirmar que se está desarrollando una jornada de nueve horas, como hemos oído afirmar, es un buen truco retórico pero no responde a la realidad (y mucho menos añadirle el tiempo de transporte). Donde hayan conseguido, o cuando consigan la semana de treinta y cinco horas, que hoy es ya una aspiración extendida, se puede reducir la pausa del mediodía a dos horas y seguirá habiendo tiempo para todo. Mientras tanto, sin embargo, no creo que los maestros deban tener derechos especiales distintos de los del resto de los trabajadores, y mucho menos que deban imponerlos sin preocuparse de los efectos que ello pueda tener sobre la calidad del servicio público en el que desempeñan sus funciones y que tanto depende de su buen hacer…” (p.116-117)

 

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