¿Qué dice el informe “La Hora de la Escuela”?

  

12. La autonomía de los centros

“¿Quién debe decidir la jornada, y cómo? La Administración se ha reservado en todos los casos la autorización última, pero, en la práctica, se ha limitado a ratificar las decisiones de los centros, con la condición del refrendo mayoritario más o menos cualificado de los padres, en Canarias y Andalucía, mientras que ha mantenido su capacidad de veto en Madrid. En Toledo se negó en redondo primero y se allanó a las pretensiones de los centros después, un cambio de gobierno mediante. Aunque no vamos a detenernos aquí en ello, cabe señalar que la pretensión de que sean los gobiernos regionales o el nacional quienes determinen la jornada escolar no sería sino la consecuencia de la afirmación de la preeminencia de la sociedad global, como intérprete de los intereses de los niños, sobre la familia, el centro y la comunidad inmediata. La misma que se mantiene, por ejemplo, para determinar el currículum, el calendario escolar, la titulación del profesorado y tantas otras cosas. Sin embargo, hay algo que, sin duda, la Administración no puede aportar: el conocimiento preciso del caso de cada alumno o de cada familia. En ese ámbito la información particular es superior, y todo el conocimiento formal de la Administración no puede superarlo.” (p.101)

“La segunda opción es que decidan los centros, pero con dos variantes: que lo hagan los consejos, o que lo hagan las familias mediante referendo. A su vez, en cada una de las variantes se puede cualificar o no la mayoría. Algunas normativas establecieron, en su momento, la necesidad de un respaldo mayoritario, también, entre los profesores, los trabajadores de administración y servicios de los centros y los alumnos. En los profesores y los alumnos no vamos a detenernos: damos por sentado que, muy mayoritariamente, prefieren irse antes a casa. En cuanto al personal de administración y servicios, puede que fuese muy coherente y solidario proponerlo en la perspectiva de los sindicatos, pero carece de sentido, en la perspectiva de un servicio público, que un sector muy minoritario, no profesional y apartado del núcleo del servicio mismo tenga en sus manos la capacidad de vetar ésta o cualquier otra medida. De hecho, los mismos que hicieron la ley pusieron de inmediato la trampa para saltar por encima del veto de este grupo: la llamada cláusula de interés general de la normativa canaria”. (101-102)

 

“¿Quién quiere que decidan los centros? Por razones distintas, la enseñanza privada, los sindicatos corporativos y las asociaciones de padres más firmemente partidarias de la jornada. Detengámonos un poco con cada uno de ellos.” (p.102)

Los motivos de la enseñanza privada parecen meridianamente claros. En primer lugar, resulta acorde con su modelo: titularidad privada, carácter propio, autonomía frente a la Administración. En segundo lugar, las entidades titulares —que son la fuerza interior más importante en ella— no tienen ninguna prisa por llevar a los padres a una jornada u otra, y sí por ofrecerles la jornada que ellos quieran, sea cual sea. En tercer lugar, la jornada partida se aviene mejor, al menos a primera vista, con la oferta combinada de enseñanza regular, actividades extraescolares y servicios complementarios que ellos plantean desde el colegio mismo —no obstante, esta oferta no es, ni mucho menos, incompatible con la jornada continua, como algunos creen—. Last but not least, a corto y medio plazo la precipitación de los centros públicos hacia la jornada continua beneficia a la privada, pues siempre hay un sector de familias, grande o pequeño, que intenta cambiar de centro. Así ha sido, sin ningún género de dudas, en Canarias, Andalucía y Toledo, y está por ver si lo será en Alcalá de Henares. Cuestión distinta es que no se trate de una fuga masiva, ya que cambiar a los niños de centro tiene costes económicos y personales, los colegios privados ya están normalmente llenos, cuando no saturados y con largas listas de espera, y las administraciones públicas no siempre están por la labor de concertar más aulas.” (p.102-103)

Los motivos de los sindicatos corporativos de profesores también son claros. Por un lado, la autonomía siempre parece un valor defendible y conecta bien con el discurso de la profesión. El STEC, como ya se ha señalado, encontró en la bandera de la autonomía de los centros un rodeo para lanzarse a la batalla por un objetivo, la concentración de la jornada, muy popular entre los profesores, pero del que el sindicato mismo no estaba inicialmente muy seguro. Por otro lado, dar autonomía de decisión a los centros es dársela a los profesores, ya que éstos dominan sin apenas dificultad los consejos escolares y tienen, como hemos dicho, una fuerte influencia sobre los padres. En este sentido, los profesores no sostienen sino la misma estrategia que cualquier otro grupo profesional: arrancar competencias a la Administración que, además, en la escuela pública, es su empleador. Pero la otra mitad de dicha estrategia también es siempre la misma: excluir del ejercicio de esas competencias al público, que, dada la menor edad de los niños, aquí son las familias. Por eso prefieren que sean los consejos escolares antes que los padres en referendo y que las mayorías sean simples antes que cualificadas. De hecho, si creyeran tener alguna posibilidad, probablemente preferirían que fuera el claustro, sin más tapujos, pero todavía no hemos llegado a eso (algún caso hemos visto, no obstante). No obstante, el corporativismo de izquierdas es siempre más favorable a que hable la comunidad escolar y, el de derechas, a que lo hagan simplemente los consejos o, mejor aún, los claustros.” (p.103)

Los sindicatos de clase, por su parte, se debaten entre esta demanda de autonomía, por sus vínculos con los profesores, el deseo de no evitar un conflicto con los padres, que les hace más partidarios de los referendos, y el miedo a que la escuela pública pierda posiciones frente a la privada, que los inclina hacia fórmulas unitarias que no permitan las distinciones entre centros sostenidos con fondos públicos, al menos en una misma zona (es decir, en un ámbito lo bastante amplio para que las familias no pueden elegir).” (p.103-104)

Los padres, en fin, se pierden y se dividen en esta confusión. Los que se oponen a la jornada continua lamentan que la Administración deje caer sobre ellos el peso de una batalla que saben con seguridad que perderán, pero, mientras tanto, prefieren que se recurra los referendos y a las mayorías cualificadas. Los partidarios del cambio de jornada lamentan que no se conceda más autonomía a los centros y, en particular, a los consejos. Es una triste ironía, por cierto, que la soberanía de los consejos escolares, normalmente vistos con hostilidad o indiferencia por la mayoría del profesorado, para el solo hecho de decidir la jornada se convierta de forma advenediza en el epítome de la autonomía; como asimismo que los padres, normalmente reducidos al papel de convidados de piedra en la aprobación de los proyectos educativos, la elección de la dirección y otras competencias esenciales que la ley asigna a los consejos, pasen con tanto entusiasmo o con tanta resignación y sin contrapartidas por el aro de la representación ritual del autogobierno cuando toca decidir la jornada.” (p.104)

“Pero quizá lo esencial en este punto sea otra cosa, a saber: que, sea cual sea el procedimiento seguido (decisión soberana del consejo o referendo, y mayoría cualificada, absoluta o simple, con quórum o sin él), en toda decisión colectiva habrá siempre una minoría que verá frustradas sus preferencias —a no ser que hubiera unanimidad total, algo que sería difícil imaginar si no es como efecto de la intimidación—. Cuanto menos y más accesibles sean los requisitos del proceso de decisión, mayor será potencialmente la mayoría susceptible de verse contrariada, y cuanto más numerosos y más restrictivos sean, más conflictivos resultarán y mayor será la crispación producida entre el centro y la Administración, entre los distintos sectores del centro y dentro de cada sector. En el fondo, todo proceso de decisión colectiva sobre lo que podría ser una decisión individual sin afectar a los demás es, hasta cierto punto, un proceso totalitario.” (p.104)

 

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