¿Qué dice el informe “La Hora de la Escuela”?

 

 15. Las administraciones públicas

“Las autoridades educativas, por su parte, se han visto constantemente superadas por unos acontecimientos que, contra toda evidencia empírica, confiaban en poder encauzar de acuerdo con sus opciones. En todos los casos ha habido actuaciones que pueden parecer y parecen torpezas a posteriori, pero sobre las que cabe preguntarse si podrían acaso haber sido de otro modo. Estas “torpezas” han consistido, por lo general, en a) sanciones o amenazas de sanciones a directores que, apoyados en sus consejos escolares, han aplicado por su cuenta la jornada continua, b) intentos de volver atrás en centros que ya la tenían concedida, c) mensajes o señales interpretados por los profesores o por otros sectores partidarios del cambio como un levantamiento de la veda y d) prolongación de situaciones de incertidumbre y aparente o pretendidamente tales.” (p.58-59) 

“Ejemplo de sanción desafortunada fue, en Canarias, el expediente a los directores díscolos que, apoyándose en sus consejos escolares, aplicaron la jornada continua sin autorización, a quienes se prohibió entrar en sus centros; batalla que, como afirma un dirigente del STEC, “se lo ganamos en el campo político y sindical y en el jurídico”. En Toledo fue el expediente al director del colegio de la Fábrica de Armas, por apoyar a los padres que no aceptaban la supresión de la jornada continua en su centro. El problema no es si la Administración debía o no reprimir esas actuaciones —muy distintas entre sí—, ni siquiera si podía hacer otra cosa —aunque probablemente podría haberla hecho de otro modo—, sino no haber previsto que, en una situación en la el profesorado combinaba el anhelo generalizado de la jornada continua con el temor a suscitar el rechazo de la opinión pública y a romper con el marco legal y arrostrar sanciones, las sanciones servirían como aglutinador de todos los indecisos y descontentos. Era como decir: ahora, ya tenéis en torno a qué uniros en contra nuestra y podéis movilizaros por la jornada sin que lo parezca.” (p.59)

“Vuelta atrás difícilmente comprensible fue la de Toledo, donde para hacer frente a la extensión de la jornada como una mancha de aceite se intentó dar marcha atrás en los centros que ya la tenían, lo que resultaba especialmente desafortunado en el citado caso del Colegio de la Fábrica de Armas, un centro antes privado y dependiente de un patronato, perfecto ejemplo de las dos caras del paternalismo industrial (la protección y la dependencia), que la había tenido desde tiempo inmemorial. En general, también fueron discutiblemente interpretados como tales los intentos de hacer pasar por las nuevas reglas de decisión, acordadas en negociación con los sindicatos de profesores, a la vanguardia que la había implantado por su cuenta y riesgo dando lugar al inicio del conflicto, tanto en Canarias como en Andalucía.” (p59-60)

“Entre los mensajes inoportunos el más sonado fue, sin duda, el de la ministra Aguirre y el subsecretario Nasarre al llevar la cuestión a una mesa sindical, pero también, en Madrid, la reunión informativa de la Subdirección Territorial de la Zona Este con los directores de los colegios públicos; en Andalucía, la concesión generosa, por parte de las autoridades provinciales, de excepciones a la jornada partida con motivos variopintos, especialmente en Sevilla y Cádiz, que iban desde la sequía hasta la celebración de la Expo’92; en Toledo, el recurso temerario a la jornada continua como salida a la demanda insatisfecha de comedores escolares. En todos estos casos, los partidarios de la jornada continua vieron una muestra de la debilidad de la Administración o una promesa de connivencia en los niveles más cercanos de la misma y obraron en consecuencia.“ (p.60)

“Por último, entre las situaciones de incertidumbre cabe señalar la revisión una y otra vez de la normativa canaria, las prolongadas negociaciones andaluzas, la rápida sucesión de directores provinciales rápidamente quemados en Toledo, o la tardanza en dar una respuesta, incluso negativa, a la avalancha de solicitudes de la Zona Este madrileña. En todos los casos, la inseguridad creada se tradujo en un rechazo generalizado hacia las tácticas dilatorias —o hacia lo que se veía como tal— de la Administración y un mayor cohesionamiento de los partidarios de la jornada única.” (p.60) 

“Pero la manifestación más dramática de la perplejidad de las administraciones educativas se expresa en el hecho de que las normas y los pronunciamientos de las más altas autoridades tanto canarias como andaluzas, correspondientes a los dos lugares donde se ha generalizado o se está generalizando la jornada continua, sigan aferradas a que la mejor jornada es la jornada partida que se han mostrado incapaces de mantener. Todavía hoy, cuando se cuentan ya con los dedos de las manos los centros que no la han adaptado, la normativa canaria vigente, renovada cada año, sobre la solicitud de cambio de jornada se basa en una Orden de 1990 que regulaba “la implantación, con carácter experimental, de la jornada continua en los centros públicos”. Algo parecido sucede en Andalucía, donde la Consejería proclama impertérrita su opción por una jornada completa (incluyendo las actividades extraescolares, no hay que engañarse) mientras los colegios públicos se vacían de forma inexorable por las tardes.” (p.60-61)

“Mención aparte merecen las concejalías de educación de los ayuntamientos. Por un lado están masivamente ocupadas por docentes, lo cual los hace muy sensibles a los deseos de sus colegas (pero no enteramente, pues, a menudo, se nutren del sector más vocacional del magisterio, que tiene serias dudas sobre la conveniencia de concentrar la jornada). Por otro, aunque las corporaciones municipales tienen escasas competencias educativas, reducidas casi al mantenimiento de los edificios, sí que alimentan cierta oferta de actividades deportivas y culturales, que en parte tienen lugar ya en los colegios públicos y son frecuentadas por sus alumnos, lo cual las pone en el punto de mira de los padres —y de las administraciones central y autonómicas— a la hora de pensar en quién podría organizar y financiar las actividades extraescolares. Aquí, la cuestión depende de la riqueza o pobreza de los municipios y, por tanto, de sus arcas, pues mientras que unos ya han puesto en pie una amplia oferta deportiva y cultural y no tendrían problema en ampliarla, otros, en cambio, apenas pueden con sus gastos corrientes. En general, están en mejores condiciones los ayuntamientos de las pequeñas ciudades y de los pueblos de la periferia de las ciudades reconvertidos en zonas residenciales de alto nivel, y, en peor, los grandes ayuntamientos (por la dificultad de llegar a todos con su oferta o por tener otras prioridades) y los de municipios rurales y zonas deprimidas (por falta de recursos). (p.61)

“Es digno de señalarse que, siendo el municipio el radio habitual de alcance de los movimientos de padres, donde éstos han llegado a (co)protagonizar la demanda de cambio de jornada se han vuelto enseguida hacia los ayuntamientos exigiendo su apoyo, por ejemplo en Toledo y Alcalá de Henares. Llegados a ese punto, todos y cada uno de los grupos políticos municipales han comprometido su apoyo, más o menos decidido o matizado, a las reivindicaciones de los padres, lo cual los ha puesto a menudo en contradicción con las directivas nacionales de sus respectivos partidos. Si hay que considerar esto como sensibilidad política hacia sus representados o como oportunismo electoral, lo dejamos a la elección del lector.” (p.62)

 

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